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Auditor rechaza pactos con Duarte y Yunes

Categoría: Estado Publicado el 25 Junio 2019
Escrito por ecos
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Xalapa, Ver., 25 de Jun (SPI).- El titular de la Auditoría Superior de Fiscalización (Orfis) de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, rechazó haber pactado impunidad con los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa (PRI) y Miguel Ángel Yunes Linares (PAN).

 

“He leído (notas periodísticas), pero lo utilizan por no tener otro elemento. Jamás he pactado con nadie. Es el primer Orfis que ha denunciado a una dependencia del Ejecutivo, es el primer Orfis que ha denunciado varias instituciones. Yo no he pactado con nadie, al contrario, han querido negociar, sobornarme, pero no”, afirmó.

Como ejemplo, puso que en siete años aplicó casi 8 mil auditorías y ha presentado 164 denuncias de los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán, Duarte de Ochoa y Yunes Linares  por un daño patrimonial de 34 mil millones de pesos.

“En nuestro ámbito de competencia, llega hasta el momento en que se llega a la denuncia de hechos ante la Fiscalía y deben actuar en consecuencia, nos han pedido información y se las proporcionamos”.

El Auditor General, admite  que ha sido objeto de amenazas y presiones por culminar en denuncias legales sus revisiones, su respuesta a esto ha sido mayor rigor a su trabajo.

Entrevistado en su despecho, narró que el trabajo como Auditor General ha sido el de mayor reto y dificultad por auditar al tercer estado con mayor número de ayuntamientos (212), los tres poderes de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) y, órganos autónomos.

“Recibí, dos, tres (amenazas), vinieron a decirme (no audible), pero les dije que yo no había hecho nada que no conociera, fue apegado a mi trabajo. No quiero hacerme la víctima, lo respondí porque me preguntaste, pero nunca lo he comentado”, aseguró.

Las herramientas que le han valido para sacar adelante su trabajo son el conocimiento de tus atribuciones y responsabilidades, conocimiento de la normatividad que se debe aplicar y, sobre todo, un equipo de trabajo comprometido, honesto, con una conducta intachable.

Sus años de trabajo le han dejado también compañeros, que en algunos casos han culminado en una amistad y que, ahora como Auditor General, ha tenido que decirles “aspectos preventivos y detecciones irregulares en sus cuentas públicas, que a veces se lo toman personal. Pero cuando el Orfis procede con un pliego de observaciones o una denuncia, es porque todo está sustentado”, afirmó.

Lorenzo Portilla aclaró que la dificultad radica en que no es nada personal, “sino que debo de actuar contra quien haya hecho algo indebido o alejado de su responsabilidad legal y ese es el mayor reto que tienes como servidor público, el que puedas actuar en contra de alguien que tienes alguna relación de amistad”.

El contador público certificado Portilla Vásquez fue electo el 23 de septiembre de 2012 por los integrantes de la LXII Legislatura  durante el periodo 2012-2019 (26 de septiembre de este año). Y según la ley, puede volver a postularse por otro periodo de siete años más.

Su relación de trabajo con los diferentes mandatarios estatales (Javier Duarte de Ochoa, Flavino Río Alvarado, Miguel Ángel Yunes Linares y actualmente, Cuitláhuac García Jiménez) ha sido institucional y de respecto, de recomendarles en tiempo y forma arreglen irregularidades en sus cuentas públicas.

Pero otro gran reto han sido los grandes casos de desvió de recursos públicos en diferentes cuentas públicas de gobierno, sobre todo de Duarte de Ochoa  lo que ha obligado a Lorenzo Portilla a evolucionar e innovar en el tema de las auditorías.

“Ahora hacemos auditorías técnicas y financieras, además incursionamos en temas de legalidad, de desempeño y ahora llegamos a verificar los domicilios del proveedor o los beneficiaros. Ampliamos más nuestro abanico de auditorías porque veíamos que se estaba sofisticando el mal uso de los recursos públicos”, dijo.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de las empresas fantasmas en la administración duratista, quien hoy cumple una condena de nueve años tras declararse culpable por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

“En esta oficina revisamos todos los procedimientos, pero también nos fuimos a revisar los beneficiarios, se tomó una muestra y allí estaba el acto indebido, no existían. Se sofisticaron en hacer procesos perfectos, desde la existencia legal de la empresa hasta la entrega del bien”.

El Orfis documentó todo ese proceso y con la realización de dos auditorías del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, “señalamos más de mil 300 millones de pesos de daño patrimonial”, comentó.

Es así que esos altos niveles de sofisticación para desviar los recursos públicos, ha obligado a mayor capacitación de los auditores y revisión más amplia de las auditorías.

“Nos tenemos que capacitar más, estudiar más, certificarnos, cursos como en auditoría forense, fraudes, entre otros”, expresó.

Agregó que los presuntos responsables se amparan, lo que contribuye a que no se desahoguen las denuncias penales a la mayor prontitud.

Pero otro actor importante en la cadena de procesos de la auditoría es el Congreso del Estado. Congresistas que aprobaban cuentas públicas a pesar de los claros señalamientos documentados de irregularidad por parte del Orfis a las cuentas públicas.

“Sea el Sistema Nacional Anticorrupción y nos obliga legalmente a ser una nueva Ley de Fiscalización Superior y al ser creada, se estableció que los resultados fueran públicos para que se conociera lo que hacíamos a la ciudadanía y, la Comisión Estatal Anticorrupción”.

El servidor público dijo que sus auditorías están técnicamente sustentadas y lo que aprueben los diputados lo respeta. “Me esforcé, trabajé, documenté, lo sustenté y nada pasó. Está publicado. Seguimos trabajando y será la ciudadanía quienes cambien esto”, confió.

Agregó que duele que haya tanta impunidad, aseveró, “porque tengo más de 30 años como servidor público y lo quiero y veo gente que trabaja en el campo, o vendiendo sus productos y dices: cómo es posible que esas gentes, con sol y lluvia tratan de ganarse algo, como permitir que haya servidores públicos que hagan uso indebido de los recursos y no actuar en consecuencia”, expresó.

No hay que permitirlo, agregó, “el servicio público no es para enriquecerse, es para enaltecer a las instituciones y que la ciudadanía tenga confianza en ellas”, expresó Lorenzo Portilla.

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