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Investigan ejecución a manos de Militares desertores

Categoría: Estado Publicado el 22 Julio 2019
Escrito por ecos
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Xalapa, Ver. 22 de julio (SPI).- El fiscal general Jorge Winckler Ortiz confirmó que elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y los dos elementos desertores del Ejército Mexicano fueron directamente a ejecutar a una persona, cuyo homicidio ocurrió el sábado pasado afuera de las instalaciones de la Dirección General de Tránsito del Estado.

Negó las versiones que han señalado que el asesinato ocurrió luego de que existiera un accidente vehicular entre los involucrados, pues detalló que la víctima sí acudió a Tránsito por un incidente pero con una tercera persona.

 

“Nunca hubo un evento de tránsito en el cual hubieran estado involucrados los asesinos y la víctima; fue entre la víctima y una tercera persona. Los presuntos asesinos llegaron directamente a ejecutar a la víctima”.

Narró que el sábado 20 de junio, a las 22:45 horas se detuvo en flagrancia a los tres elementos luego de que en la calle Manuel Herrera, esquina Sóstenes Rocha, colonia Tamborrel, se registró el asesinato de una hombre, a manos de  Gerardo, Óscar Daniel y Neftalí.

“Los detenidos detonaron 11 disparos, siete de ellos se impactaron en diversas partes del cuerpo de la víctima que falleció en el lugar; los presuntos agresores   Intentaron huir abordo de un vehículo Jetta clásico blanco, pero elementos de la SSP los intervinieron y les aseguraron dos armas de fuego”.

Dijo que en el caso de Gerardo “N” se trata de un elemento en activos de la SSP en la División de policías, y en el caso de  Óscar “N” y Neftalí “N”, son probables responsables del delito deserción del Ejército Mexicano desde mayo pasado.

El fiscal general indicó que en el lugar se encontraron cinco casquillos 0.9 milímetros y seis más de una arma tipo Glock con matrícula HPW705 de cargo al elemento de SSP.

Negó además que los involucrados en este delito sean escoltas del Director Operativo de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga, ya que dijo no hay documentación que lo avale.

Sobre el secuestro y posterior asesinato del ex alcalde de Yecuatla, Rogelio Ayala, así como uno de sus trabajadores, aceptó que personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) participó en las primera negociaciones con los secuestradores.

Dijo que la familia aceptó y entregó una suma de dinero que fue menor a lo que inicialmente pedían los secuestradores, pero que desgraciadamente habiendo hecho el pago privaron de la vida a las personas.

Winckler Ortiz indicó qué hay varias líneas de investigación y que ya iniciaron con entrevistas realizadas a familiares y testigos, además de que los médicos legistas les hicieron necropsia de ley, así como otras diligencias como el raspado de uñas.

Cabe destacar que el ex alcalde previamente fue privado de su libertad en la carretera Colipa-Yecuatla, cuando se dirigía a su rancho a trabajar.

En cuanto a los resultados de la Fiscalía, el fiscal desmintió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el sentido de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) había detenido a más de 2 mil delincuentes, pues dijo que un informe de julio pasado señaló que habían detenido sólo a 712 personas por delitos del fuero común.

“Solo se han detenido 712 personas por delitos del fuero común, no hay más de 2 mil personas como decía hace unos días, y que retó al fiscal y aquí le estamos dando respuestas”.

Dijo que en cambio, la policía ministerial ha realizado mil 503 detenciones de diciembre al 21 de julio, de esa cifra 327 delitos de alto impacto; 141 son por secuestro, 23 por feminicidio, 155 por homicidio doloso, 6 por desaparición forzada, 2 por desaparición cometido por particulares, 17 homicidios culpo son, 250 delitos sexuales, 82 robos a vehículos, 4 por tráfico de personas y 776 por otros delitos.

“Se lo he dicho el gobernador de frente y mirándolo a los ojos, a mí no me va a ir bien, sino a su Gobierno y a la ciudadanía que exige que se ponga a trabajar, señor Gobernador”.

Sobre el proceso que se le sigue al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, dijo que si bien está en su derecho de decir lo que quiera, la legalidad de su detención es un hecho superado.

Y advirtió que hay dos procesos penales más en su contra ante la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y que confía en que podrán ser realizados una vez que el Gobierno federal solicite una exclusión al principio de especialidad.

“Confío en el presidente Andrés Manuel López Obrador que solicitará a Guatemala una exclusión al principio de especialidad para que las órdenes de aprehensión se puedan ejecutar contra Javier Duarte porque todos actuaban por instrucción directa de él”.

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