Piden profesionalismo en Fiscalías

Categoría: Estado Publicado el 03 Diciembre 2017
Escrito por ecos


Xalapa, Ver., 03 de Dic. (SPI).- Es necesario que al frente de las procuradurías y fiscalías estén personas preparadas para evitar que casos de feminicidios terminen sin dar justicia, como el de la joven Pilar Argüello Trujillo, ocurrido en septiembre de 2012 en Coscomatepec, Veracruz.

 

La integrante de Equifonía, A.C., Araceli González Saavedra expuso que a pesar de que el cuerpo de la joven de 20 años de edad, localizado en medio de un chayotal, con signos de violencia sexual, semidesnudo y expuesto, características de un feminicidio, las autoridades dejaron libre al responsable.

“La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Sala de Responsabilidad Juvenil dieron libertad al presunto asesino, pese a que declaró su culpabilidad y participó en la reconstrucción verbal de lo ocurrido. Según estas instituciones, no existían evidencias suficientes para determinar la sanción”, dijo.

La activista, ante tales hechos, aclaró que por un lado están las reformas al marco jurídico vigente, pero, por otro, la necesidad de la profesionalización de quienes van a impartir justicia en la entidad; asimismo, que la sociedad sepa que cuenta con recursos legales para hacer valer sus derechos humanos.

“Éste es un proceso que no termina cuando se aprueba una ley (en referencia a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). Lo más difícil es cuando mujeres tienen que exigir justicia”, comentó.

Destacó que las alertas de género no son un logro, son un recordatorio de todo lo que se debe hacer para que se garantice la seguridad, la vida, la justicia para las mujeres veracruzanas.

Respecto al caso de la finada Argüello Trujillo, según el Comunicación 75/2014 emitido por el Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Veracruz debe dar respuesta a las recomendaciones.

En ese sentido, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene seis meses para adoptar medidas respecto al caso de Pilar Argüello Trujillo, plazo que vence en febrero de 2018.

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