Perdón por el horror de un Veracruz violento

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Ciudad de México (CDMX) 4 de Mar (SPI).- Han pasado mil 158 días desde que Susana, Mario Arturo, Bernardo, José y José Alfredo, fueron detenidos de manera arbitraria por policías estatales en Tierra Blanca y luego entregados a una célula del crimen organizada, que los torturó y luego asesinó.

A 3 años y dos meses de los hechos ocurridos el 11 de enero de 2016, en la administración del duartista Javier Duarte de Ochoa, el Gobierno del estado realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por la desaparición forzada de los cinco jóvenes.

En el Museo Memoria y Tolerancia y acompañados por la organización del Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro”, José Benítez, Gloria, Bernardo Benítez, Columba Arroniz, Dionisia Sánchez, Carmen Garibo  y María del Carmen Díaz Garrido, familiares de los jóvenes, escucharon el mensaje del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Se comprometió a acompañar las investigaciones federales pendientes relacionadas con la delincuencia organizada y por violaciones al sistema nacional de seguridad.

Dijo que desafortunadamente algunos de los cuerpos policiacos aún operan en colusión con autoridades de todos los niveles.

Aceptó que los familiares de los jóvenes se enfrentaron a una policías estado coludida con el crimen organizado y que la disculpa no es suficiente porque no repara la gravedad del hecho, pero es un primer paso para hacer justicia y castigar a los perpetradores de estos hechos.

Al hacer uso de la voz, Bernardo Benítez padre de Bernardo y tío de Alfredo, aseguró que no cree en la justicia pues dijo que si existiera sus hijos estarían vivos.

Dijo que no habrá ni perdón ni olvido, y exigió que se juzgue a los culpables y cuestionó si haya quien espera que los responsables salgan de prisión y vuelvean a hacer lo que les tocó vivir a las cinco familias.

Agregó que la resignación nunca va a llegar y que siempre vivirán con la culpa por no haber podido proteger a sus hijos pero demandó al Gobierno del estado hacer justicia, condenar a los 21 personas detenidas e investigar a los MP que siguen en funciones y hasta ahora no han sido investigados, así como investigar a los superiores jerárquicos que sabían lo que hacían los policías y no hicieron anda.

Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le advirtió que si no resuelve este casos u otros, se manchará las manos con los crímenes atracones que se han perpetrado.

Por su parte, Carmen Garibo, madre de Susana, dijo que solamente creerán que existe un cambio en el Gobierno si hay justicia en este caso e insistió en que no estaba en malos pasos como quisieron decir. Que Susana tenía 16 años, y quería estudiar ingeniería química.

Y es que dijo que justicia no es necesidad sino acto de amor hacia sus hijos.

Cuando dio un mensaje, José Benítez señaló que es necesario sensibilizar a las autoridades para hacer justicia en este caso.

“Estoy harto de mentar madres. Quiero sensibilizarlos como personas, como padres de familia, merecemos un trato digno, a fiscales, a las autoridades para que se llegue a la justicia. Tengo mil 158 días del mismo pesar”.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, reconoció de manera pública la responsabilidad estatal por la conducta llevada a cabo el 11 de enero de 2016 por parte de autoridades del Gobierno de Veracruz, que ocasionó la desaparición forzada, tortura y ejecución de los cinco jóvenes.

Aceptó que el Estado falló en dar seguridad a los hijos de estas familias y ofreció una disculpa por el actuar de la policía estatal, por la impunidad a la que se enfrentaron, y por la criminalización de sus hijos.

Dijo que se debe seguir las investigaciones pendientes relacionadas con delincuencia organizada y desaparición forzada y la investigación de superiores jerárquicos que sabían de estos hechos.

Agregó que todos los responsables deben pagar las consecuencias y las instituciones de procuración de justicia deben garantizar las sanciones a quienes violen los derechos humanos.

Por primera vez en varios meses, el gobernador llamó al fiscal general Jorge Winckler y otras instancias, a dejar a un lado las diferencias y trabajar en conjunto para que haya justicia en el caso.

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