Duarte busca pacto con el morenismo

Categoría: Zona Conurbada Publicado el 09 Julio 2019
Escrito por ecos

Xalapa, Ver., 09 Jul (SPI).- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa reveló que  diversos ex servidores públicos del gobierno de Enrique Peña Nieto,  lo obligaron y extorsionaron para que aceptara las pruebas fabricadas en su contra, a cambio de dejar en paz a su familia.

El ex mandatario, preso actualmente por diversos delitos, afirmó que puede aportar información “valiosa” y “detallada” a la Fiscalía General de la República en contra de colaboradores peñistas.

 

Entrevistado esta mañana en un medio radiofónico nacional, Duarte de Ochoa reveló que la información que posee pueden dar claridad a las investigaciones que la PGR está llevando a cabo.

“Es información que quisiera entregar de primera mano a las autoridades correspondientes; aunque solicité al Fiscal General de la República que pueda girar sus apreciables instrucciones, a efecto de que un agente del ministerio público federal me tome la declaración aquí donde me encuentro (recluido)”, expuso.

El ex mandatario refirió que tomó dicha decisión en primer lugar por una obligación ciudadana; en segundo lugar por es un delito no aportar información cuando ésta y posee para una investigación y; en tercer lugar porque fue sometido a extorsiones donde resultaron perjudicados él y su familia, por acciones que tomaron funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.

“Una cacería, una persecución inédita, linchamiento público de manera descomunal, basado en elementos que hoy se están cayendo, un caso que no tenía ni pies ni cabeza”, afirmó.

Criticó que personajes involucrados en el tema de las empresas fantasmas y cuentas bancarias estén libres y él, siga preso a pesar de que no haber una sola prueba en su contra siga encarcelado.

“Por el simple hecho de llamarme Javier Duarte, por haber sido gobernador de una entidad federativa, por lo atractivo que fui políticamente hablando, estoy detenido en un centro de prevención de reclusión”, manifestó.

Refirió que como figura pública puede aguantar lo que sea, “pero la familia nada tiene que ver en este asunto. Ni Karime (Macías) ni mis hijos que son menores de edad fueron funcionarios públicos, ni manejaron ni tuvieron acceso a recursos públicos, ni fueron beneficiados en ningún sentido por mi función pública”, afirmó.

Ante tal situación familiar es que aceptó, a través de una mesa de negociación con funcionarios del Cisen, Secretaría de Gobernación, PGR y su abogado Marco Antonio del Toro, entregarse un 14 de abril antes de las elecciones a gobernador del Estado de México en julio de 2017.

“Si te entregas antes de las elecciones (de gobernador de la Ciudad de México), dejamos a tu familia en paz para que puedan irse a un lugar seguro, donde puedan establecerse y tú serás detenido y vamos a ver las mejores condiciones en las que puedas estar”, narró.

El ex mandatario veracruzano lamentó que el gobierno federal peñista no le haya cumplido la promesa de recluirlo en las mejores condiciones, “fue un engaño más de la administración, pero no tenía para donde hacerme, era sí o sí, como padre de familia y como esposo. Yo tenía que cuidar a mi familia”.

Recordó que se pactó la entrega en un lugar en donde no vivía, “llegué un día anterior donde fue la entrega, tengo todo registrado, videos de cómo fue para que quede claro que no fue un circo. Yo me entrego a la autoridad guatemalteca y mexicana y mi familia puedo irse a un lugar en paz”.

Subrayó que cuenta con información valiosa y detallada, “en muchos temas que conozco, fui partícipe con el gobierno federal, no puedo decir que fui obligado, pues ser gobernador es un ente autónomo, pero políticamente todos sabemos que existe un jefe de la nación, niveles que hay que respetar”, dijo.

No obstante, sí fue obligado a aceptar las pruebas que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto presentó en su contra, “a lo referente al procedimiento abreviado, fui condenado a una condena de nueva años, pactada entrecomillado, a cambio de la entrega de recursos y aceptación de los cargos”.

Por último, Duarte de Ochoa precisó que su actual abogado defensor, Ricardo Sánchez Reyes nada tuvo que ver nada en dicho asunto, “esta extorsión fue directamente a mí y tuve que actuar en consecuencia. Fue un asunto mío, era como un secuestro, sino pagas te matan, en esta situación mi familia eran los rehenes”.