Escándalo en el Orfis

Categoría: Zona Conurbada Publicado el 01 Marzo 2018
Escrito por ecos


Xalapa, Ver. 01 de Mar. (SPI).- El actual Auditor General de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez fue señalado de haber encubierto irregularidades por cuatro mil millones de pesos de siete fondos y programas federales.

Una investigación del periódico El Universal, reveló que el actual titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) supo desde el 2014 de irregularidades en el manejo de recursos públicos federales por cuatro mil millones de pesos e incluso firmó documentos oficiales en los cuales se comprometía a dar seguimiento al reintegro del dinero.

El 7 de marzo del 2014, signó una minuta en la cual se comprometió con la Auditoría Superior de la Federación a darle seguimiento al reintegro de recursos de siete fondos y programas federales.

Sin embargo, el dinero jamás fue reintegrado a la tesorería de la federación, por lo que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual quedó asentada bajo el número de averiguación previa AP/PGR/VER/VER/AEIDCSP/916/2016.

Portilla Vázquez fue designado por el Congreso del Estado como Auditor General el 27 de septiembre del 2012 por un periodo de siete año, por lo que su gestión concluye en el 2019.

De acuerdo con información oficial del Ofis, fue hasta el 2016 - cuando el PRI perdió las elecciones frente al panista Miguel Ángel Yunes Linares-, que el auditor general comenzó a presentar la mayoría de denuncias penales por irregularidades detectadas en Cuentas Públicas atrasadas del gobierno de Javier Duarte, incluso aprobadas por el Congreso.

Por ejemplo, de la Cuenta Pública del 2014 no existe registro de denuncias penales (en la pagina oficial del Orfis); y del uso de recursos del 2015 presentó 26 querellas por anomalías, pero lo hizo hasta el 2016 y 2017.

Tras la llegada del gobierno del PAN-PRD, entonces el Auditor General también presentó cuatro “denuncias derivadas del seguimiento a observaciones determinadas como administrativas en ejercicios anteriores”.

Se trató de dinero del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF); y del Seguro Popular.

Ante ello, funcionarios estatales y de la ASF sostuvieron diversos encuentros durante el 2014 y fue hasta marzo de ese año cuando tres servidores públicos veracruzanos se comprometieron a darle seguimiento al reintegro de esos recursos federales.

Los documentos fueron firmados por el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez; el entonces Contralor General del Estado, Mauricio Audirac Murillo (actualmente preso por presuntos desvíos de recursos); y el entonces Secretario de Finanzas, Fernando Charleston (quien renunció para evitarse problemas debido al desorden financiero imperante).

Además, la minuta la signó el Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos B, José Pilar Tristàn Torres; y el director de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos B2, Humberto Almaguer Arredondo, ambos de la Auditoría Superior de la Federación.

“El Estado asume la obligación de efectuar cada uno de los depósitos y aplicación de los recursos federales señalados, así como los rendimientos financieros que se determinen, para lo cual remitirá a la ASF durante los 10 días hábiles posteriores a la firma de la presente el calendario con las fechas en que efectuará los depósitos a las cuentas bancarias que tiene aperturadas para el manejo de los fondos”, establecía el acuerdo.

Incluso, señalaba que el Estado asumía la obligación de remitir copias certificadas de los documentos que ampararan el depósito de los recursos dentro de los cinco días hábiles contados al día siguiente de la fecha señalada en el calendario establecido.

Y se acordaba que la Contraloría General del Estado debería analizar las causas por las que esos recursos federales no se aplicaron en Veracruz e iniciar las responsabilidades legales o administrativas en contra de los servidores públicos responsables.

Para el 1 de octubre de se mismo año, el Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos B, José Pilar Tristàn Torres envío el oficio número DGARFT”B”/3163/2014 dirigido al entonces Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán (actual aliado político y electoral del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares), donde advertía que se había incumplido con la devolución de recursos.

“Siendo necesario señalarle que a la fecha se encuentran vencidos los plazos que se establecieron n el programa de calendarización de los recursos a reintegrar, remitido a esta entidad fiscalizadora superior de la federación como documento anexo”, se advertía.

Sin embargo, el dinero jamás lo reintegraron a las arcas federales y entonces la ASF presentó una querella en la PGR, instancia que abrió la averiguación previa AP/PGR/VER/VER/AEIDCSP/916/2016.

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