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La 4T revienta Centros de Atención Integral de Víctimas

Categoría: Estado Publicado el 11 Junio 2020
Escrito por ecos
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Xalapa, Ver, 11 de Jun (SPI).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que no podrá seguir pagando lo que resta de este año la renta, servicios de agua, luz, telefonía e internet tanto de oficinas centrales como de los 32 Centros de Atención Integral del país, incluido Veracruz.

 

Esta semana la CEAV dio a conocer que el Decreto presidencial publicado el pasado 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SHCP determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.

Lo anterior frenará las actividades esenciales y paralizará su funcionamiento tanto de oficinas centrales como de las comisiones ejecutivas de los 32 estados del país, que es garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.

Este jueves durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador en Palacio Nacional, afirmó que los derechos humanos estaban exentos del Decreto.

El mandatario federal agregó que la disminución del 75 por ciento era de lo que faltaba por ejercer, dejándoles el 25 para concluir los siete meses, aunque sí impactará en las partidas de operación y servicios generales.

La Comisión, si bien precisó en su comunicado que está en el supuesto de excepción, aun así, remarcó, la SHCP determinó la reducción del 75 por ciento al gasto corriente la misma, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar todas las obligaciones arriba citadas.

Enseguida la Comisión enlistó las afectaciones por la reducción, empezando por las oficinas centrales donde hará un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000, que autoriza la SHCP.

No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.

Tan sólo los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV por lo que resta del año, ascendieron a 121.9 millones de pesos.

Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.

Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.

El área de traslados desaparecerá, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda.

Se reducirá en un 30 por ciento los asesores jurídicos y peritos, lo cual impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.

Tampoco se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.

El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento– y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV.

Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.

No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación.

No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos.

No será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017.

Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.

Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos.

Desaparecerá el área que administra el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales.

La Comisión no tendrá control y vigilancia el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Faari), debido al desmantelamiento del área, por lo que incumplirán las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno.

Al sufrir un ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.

Se cancelará la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia de comunicación digital, para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas a las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social.

No podrá cumplir con 43 contratos por 121.9 millones de pesos, lo que derivará muy probablemente en demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado; por mencionar algunos.

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